Desempleo, cierre de empresas, recortes de derechos sociales, subida de impuestos, pérdida de poder adquisitivo, rentas más bajas, endeudamiento y déficit de las administraciones públicas, falta de liquidez de las empresas, deficiencias en la prestación de servicios municipales, debilidad del sistema financiero son algunas de las realidades definitorias de la grave situación económica y social que sufrimos.
Asimismo, esta crisis extiende sus efectos al conjunto de la sociedad, a las distintas administraciones e instituciones que conforman el sector público, así como al sector privado, y, por tanto, a la mayoría de la ciudadanos, trabajadores por cuenta ajena, autónomos, empleados públicos, pensionistas, mujeres, jóvenes, etc. No obstante, cabe reseñar que son las personas y sectores de población más vulnerables socialmente los que está padeciendo de forma más dramática y profunda las consecuencias de esta situación.
Frente a estas circunstancias, entiendo que la economía española y en particular la extremeña cuentan con capacidades y recursos suficientes para afrontar un proceso de recuperación de su base productiva y de los distintos sectores económicos que la integran, primario, secundario y terciario. Pero solamente desde la actuación concertada de toda la sociedad y de los distintos agentes públicos y privados dicho proceso será posible.
En estos momentos, es necesario el esfuerzo compartido de todos los sectores y colectivos y de todas las instituciones; es cosa de todos. Sin embargo, son los poderes públicos, los diferentes gobiernos y administraciones, en sus distintos niveles, estatal, autonómico y local, quienes, especial y responsablemente, deben esforzarse por actuar como motor de la recuperación económica, ofreciendo soluciones para las familias, los trabajadores y las empresas, fijándose la lucha contra el paro, la lucha contra la crisis, como la principal tarea.
Estoy convencido que solo una nueva política económica podrá devolver a la sociedad, a los agentes económicos, a los trabajadores, el clima de confianza que el impulso emprendedor de nuestra economía necesita.
Junto al mantenimiento, consolidación y mejora de las políticas sociales, sanidad, protección social, familia, igualdad de la mujer, juventud, mayores, deporte, cultura, servicios e infraestructuras municipales, limpieza, medio ambiente, seguridad ciudadana,... son necesarias acciones de política económica dirigidas tanto a la adaptación y modernización de los sectores tradicionales, como a su impulso en el caso de sectores emergentes, en materia de agricultura, ganadería, industria, comercio interior y exterior, turismo, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, telecomunicaciones y sociedad de la información.
Asimismo, hay que procurar, entre otros objetivos, una reducción de la fiscalidad, un marco financiero estable para las empresas y familias, unan reestructuración del sector energético, la modernización y agilización de la justicia, una eficaz política territorial y, dado las disfunciones que presenta el mercado laboral, una reconsideración del sistema educativo con potenciación de la formación profesional, persiguiendo, con todo ello, la mejora de la competitividad, el incremento de la productividad y la creación de empleo.
Por tanto, los difíciles problemas que hay que afrontar y las escasas capacidades financieras existentes exigen gobiernos y administraciones inspirados en objetivos y dirigidos a resultados, basados en criterios de eficacia, innovación y flexibilidad en su organización, y que, desde la estabilidad y el equilibrio presupuestario, acometan con rigor y austeridad la gestión y administración de los recursos disponibles buscando la recuperación económica.
En definitiva, la crisis económica ha supuesto una bofetada de realismo que obliga a reorientar el sentido de la política, y por ello, aquí y ahora, Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y resto de instituciones públicas deben procurar un marco socioeconómico donde todos los ciudadanos tengamos la posibilidad material de satisfacer nuestras necesidades corrientes, las inesperadas contingencias, presentes y futuras, y la oportunidad de ejercer nuestros derechos individuales y sociales.